Condenan a cuatro policías y un civil por el secuestro extorsivo de un hombre en Tucumán
Dos efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), otros dos de la policía de Tucumán y un civil fueron condenados a penas de entre 14 y 10 años de prisión, por el secuestro extorsivo de un hombre cometido en junio de 2021 en la capital provincial, a cuya familia le exigieron dinero o kilos de cocaína a cambio de su liberación, informaron hoy fuentes judiciales.
Las condenas fueron dictadas ayer por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán y recayeron en el efectivo de la PFA Gonzalo Lagoria, quien cumplía funciones en la división de Alcaldía de los Tribunales Federales de Tucumán; en el cabo de la federal Néstor David Medina, asignado a la División Antidrogas provincial; en el policía tucumano Luciano Campos, de la División Consignas y Custodias; en el oficial subayudante de la fuerza tucumana Jonathan Díaz, y en el civil Ángel Medina, hermano del PFA condenado y amigo cercano del otro integrante del cuerpo de seguridad.
De acuerdo a lo publicado en la página web del Ministerio Público Fiscal (fiscales.gob.ar), las penas impuestas fueron coincidentes con las requeridas por el fiscal Pablo Camuña y la auxiliar fiscal Lucía Doz Costa, quienes actuaron en el debate en base al requerimiento formulado en primera instancia por su colega Agustín Chit.
El tribunal halló a Lagoria, Campos y Díaz coautores del delito de secuestro extorsivo consumado, agravado por la participación de tres o más personas y por ser agente policial al momento del hecho. Lagoria recibió una pena de 14 años y seis meses de prisión, mientras que Campos y Díaz fueron condenados a 12.
Medina, en tanto, también fue hallado coautor de ese delito y recibió una pena de 10 años de prisión, mientras que a su hermano Néstor se le impuso la misma condena en calidad de partícipe necesario del mismo delito, agravado por su calidad de agente de la policía.
De acuerdo a la acusación, el 20 de junio de 2021, aproximadamente a la 1.30 de la madrugada, un hombre que era ilegalmente vigilado por Medina, fue secuestrado por la banda frente a un kiosco de la capital tucumana, cuando se bajó por un momento del taxi Renault Logan que conducía y en el que iba acompañado de su pareja y su hijo de 1 año.
Cuando descendía, el hombre fue interceptado por cuatro de los acusados, quienes bajaron armados de dos vehículos -un Chevrolet Onix y una camioneta Ford EcoSport-, se identificaron como policías y lo amenazaron y violentaron para que se subiera a la camioneta.
Luego de volver al lugar del secuestro en busca de un teléfono celular, los captores comenzaron a dar vueltas con la víctima en el asiento trasero de la EcoSport, mientras que el otro vehículo iba detrás como apoyo.
En el trayecto de alrededor de una hora, la víctima fue golpeada y amenazada permanentemente, tras lo cual fue obligada a comunicarse con un amigo suyo y esposo de su cuñada, en cuyo domicilio había estado momentos antes festejando un cumpleaños, para pedirle dinero o estupefacientes a cambio de su liberación.
Durante el debate se estableció que el acusado Lagoria iba en el asiento delantero del acompañante de la camioneta que conducía Ángel Medina, mientras que Díaz custodiaba a la víctima en el asiento trasero, le pegaba y amenazaba.
En tanto, Campos custodiaba a sus cómplices desde el vehículo Onix.
De acuerdo a la pesquisa, Lagoria, que era quien amenazaba al hombre y comandaba la operación, y quien realizó al menos cinco llamadas para exigir uno o dos millones de pesos o «kilos» de cocaína a cambio de la liberación.
Finalmente, los captores estacionaron ambos vehículos en la calle Santa Fe al 700, donde se encuentra la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina -donde se encontraba en ese momento el otro miembro del grupo, Néstor Medina-, hasta que, alrededor de las 3 de la madrugada, fueron interceptados y aprehendidos por personal de la Guardia Urbana de la policía tucumana, que había sido alertado del secuestro.
En los alegatos, la fiscalía remarcó que los cinco imputados «no se iniciaron en el delito con este hecho» y consideró que en el debate se reunieron pruebas que acreditan que de forma habitual investigaban clandestinamente a personas que a su entender podían estar vinculadas a actividades de narcotráfico para luego extorsionarlas.
En ese sentido, los fiscales subrayaron que de los audios y mensajes de los teléfonos de los acusados se desprendía que estaban «sumamente familiarizados con el manejo de estupefacientes», además de que disponían de una gran cantidad de armas para sus tareas, además de sellos que simulaban pertenecer a autoridades judiciales y plantillas para labrar actuaciones apócrifas.
Fuente: Télam
