La Cámara Federal de Bahía Blanca rechazó pedido para presenciar audiencia por recusación de Massot
La Cámara Federal de Bahía Blanca rechazó un pedido formulado por familiares, sobrevivientes y medios de comunicación para poder presenciar una audiencia en la que se resolverá la situación del exdueño del diario La Nueva Provincia, Vicente Gonzalo Massot, en una causa en la que era investigado por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad.
Así lo indiciaron desde la Agrupación H.I.J.O.S. de Bahía Blanca al indicar que «la Cámara rechazó la publicidad en la audiencia donde se decidirá la acusación de Massot y que aún no tiene fecha».
«Además de tratar la apelación por la fiscalía y querellas, la Cámara deberá recibir a las hijas de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, que pidieron ser escuchadas por los jueces», agregaron en un comunicado.
Según se indicó, las notas -que fueron motorizadas desde H.I.J.O.S. con los patrocinios de las abogadas Mónica Fernández Avello y Anahí Junquera- «fueron rechazadas de plano».
«Así es como el Poder Judicial bahiense les garantiza, no solo la impunidad a los responsables civiles de la última dictadura genocida, sino, que lo quiere hacer en el mas absoluto silencio, sin público y sin ningún tipo de publicidad», agregaron desde H.I.J.O.S.
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca había apelado en junio pasado la resolución del juez federal Walter López Da Silva, quien había sobreseído a Massot, en el marco de una causa en la que era investigado por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, entre ellas las muertes de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.
También a Massot se lo acusó de haber integrado una asociación ilícita con las autoridades militares en el desarrollo de tareas de acción psicológica sobre la población durante la última dictadura cívico militar para instigar al genocidio.
Fuentes judiciales indicaron que los fiscales solicitaron además que por las pruebas en el marco del expediente Massot sea procesado y sometido a un juicio oral y público.
Fuente: Télam
